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POR DELITO DE EXTORSIÓN, ALMA DELIA ABIGAIL BALTAZAR CASTILLO, ENFRENTA CONDENA DE 40 AÑOS DE PRISIÓN


* El Agente del Ministerio Público acreditó ante la Autoridad Judicial la responsabilidad penal de la sentenciada en el delito de extorsión, ya que las pruebas desahogadas establecieron que ésta exigió numerario a la víctima a cambio de no causarle un daño


Toluca, Estado de México, 12 de septiembre de 2024.- En relación con diversas notas publicadas en medios de comunicación, que refieren que una mujer identificada como Alma Delia Abigail Baltazar Castillo se encuentra “injustamente presa”, al ser “…sentenciada a 40 años de prisión por el delito de extorsión, tras intentar cobrar el dinero que le correspondía de una tanda…”, se precisa lo siguiente:


En fecha 20 de abril de 2023, J.J.Z.L. denunció ante el Ministerio Público ser víctima de extorsión, ya que el 17 de abril de ese año, dos masculinos no identificados se presentaron en su domicilio ubicado en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, quienes la amagaron con un arma de fuego y le exigieron la entrega de dos mil pesos a cambio de no causarle daño a su familia y a ella, por lo que J.J.Z.L. entregó la cantidad exigida.


Los sujetos que la intimidaron le indicaron que tenía que pagar la misma cantidad de forma semanal y una persona pasaría diariamente por 500 pesos, por lo que los días 18 y 19 de abril, Alma Delia Abigail Baltazar Castillo se presentó al domicilio de la víctima, quien le refirió “vengo por la cuota”, por lo que J.J.Z.L. le entregó 500 pesos en ambas ocasiones.


En los días subsecuentes, ni los masculinos ni la femenina se presentaron en el domicilio, sin embargo, el 27 de abril, la hoy sentenciada acudió al inmueble de la víctima y le dijo “quiero las cuotas que faltan” por lo que ésta refirió no tener dinero, lo que generó su molestia y le reiteró la amenaza, además le indicó que regresaría al día siguiente por lo que le debía. Ante el temor de que le causaran daño, la víctima y su esposo de iniciales J.P.G.P. se comunicaron vía telefónica con elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense para informarles lo sucedido.


El 28 de abril de 2023, a las 11:40 horas, la ahora sentenciada se presentó en el domicilio de la víctima, por lo que J.J.Z.L. y J.P.G.P. le refirieron “sólo tenemos mil pesos”, cantidad que aceptó y recibió. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía, quienes auxiliaron a la víctima y detuvieron en flagrancia a una mujer que se identificó como Alma Delia Abigail Baltazar Castillo, quien de manera inmediata fue puesta a disposición del Ministerio Público e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.


Es importante señalar que en relación a las afirmaciones que realizaron diversos medios de comunicación sobre el caso de Alma Delia Abigail Salazar Castillo, en el sentido de que “fue acusada de extorsión y sentenciada… por ir a cobrar una tanda”, no fueron acreditadas durante el procedimiento penal, ya que la defensa no aportó probanza alguna tendente a comprobar dicha afirmación.


En audiencia inicial de fecha 1 de mayo de 2023, el Juez de Control calificó de legal la detención y le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada. La investigada Alma Delia Abigail Salazar Castillo emitió declaración, donde indicó que conocía a la víctima y “que el motivo de su presencia en el lugar era para cobrar una tanda que la denunciante había organizado”.


Posteriormente, la defensa de la imputada solicitó la duplicidad del plazo constitucional, donde ofreció como medios de prueba las videograbaciones del C5 del lugar de los hechos para acreditar una supuesta detención ilegal, tres testimonios de familiares y un video tomado a una conversación de un teléfono móvil.


Posteriormente, en audiencia de prórroga de plazo constitucional celebrada el 5 de mayo, el Titular del C5 Estatal informó la inexistencia de cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos, por lo que la defensa se desistió de dicho dato de prueba. Asimismo, incorporó tres testimonios de familiares para acreditar que la víctima e imputada se conocían por ser vecinas, así como un video grabado desde un celular a una conversación contenida en un teléfono móvil diverso supuestamente propiedad de la investigada, grabación que realizó la hija de la hoy sentenciada y con el que señaló la existencia de una comunicación entre Alma Delia Abigail Salazar Castillo y la denunciante respecto de una tanda.


Cerrado el debate, el Juez de Control resolvió la situación jurídica de la entonces imputada e indicó que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público eran idóneos y pertinentes para establecer la probable intervención de Alma Delia Abigail Salazar Castillo, en el hecho delictivo de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma por ser el pasivo del delito mujer, toda vez que los aportados por la defensa privada no resultaron suficientes para desvirtuar la imputación.


Por lo que respecta a las testimoniales aportadas por la defensa, la Autoridad Judicial advirtió contradicciones y aleccionamiento, tampoco acreditaron “fehacientemente” que Alma Delia Abigail Baltazar Castillo acudió al domicilio de J.J.Z.L. a “cobrar una tanda”, ni que fueran vecinas.


En relación al vídeo ofrecido, el Juez señaló que no fue incorporado en términos de ley y que si bien estableció la existencia de una invitación a una tanda, no acreditó que el teléfono pertenecía a la justiciable, al no existir datos de prueba adicionales que demostraran la propiedad del equipo telefónico.


Con base en lo anterior, el órgano jurisdiccional no concedió valor a las pruebas ofrecidas y desahogadas por la defensa, por lo que el mismo 6 de mayo de 2023, la Autoridad Judicial resolvió vincularla a proceso, determinación que no fue impugnada. Durante la etapa intermedia, ambas partes ofrecieron los medios de prueba que pretendían incorporar en juicio, los cuales fueron admitidos, por lo que el 18 de junio de 2024, el Juez de Control dictó el auto de apertura a juicio oral.


El 12 de agosto, el Tribunal de Enjuiciamiento de Cuautitlán, dio inicio a la etapa de juicio en la cual el Ministerio Público desahogó los testimonios de la víctima, testigo de los hechos y elementos captores, así como una pericial en psicología.


La defensa de la entonces acusada aportó los atestes de dos familiares de ésta, una documental consistente en la copia simple de la primera hoja de un contrato de arrendamiento y de dos credenciales para votar, una de la sentenciada y otra de un familiar, así como una pericial en criminalística respecto de la extracción de datos de un teléfono celular supuestamente propiedad de Alma Delia Abigail Salazar Castillo.


Las anteriores probanzas con las que pretendió acreditar que conocía previamente a la víctima ya que era su vecina y se encontraba en el lugar de los hechos para cobrar una tanda que organizó J.J.Z.L., así como la existencia de una comunicación previa entre ambas, circunstancias a las que hizo referencia la sentenciada cuando emitió su declaración.


Una vez que el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento justipreció las pruebas desahogadas por las partes, no concedió valor probatorio a las aportadas por la defensa, ya que indicó que las testigos la ubicaron en el lugar del hecho que se le imputa; que los documentos exhibidos estaban incompletos y no contaban con firmas, aunado a que el domicilio plasmado en las dos credenciales para votar no era coincidentes con el establecido en el contrato y de la pericial indicó que no se comprobó que los números telefónicos pertenecieran a la víctima y justiciable, e indicó que las pruebas desahogadas por la Representación Social resultaron idóneas y pertinentes para acreditar su participación.


Derivado de lo anterior, el 22 de agosto pasado la Autoridad Judicial dictó sentencia de condena en contra de Alma Delia Abigail Salazar Castillo, por el delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma por ser el pasivo del delito mujer y le impuso una pena de prisión de 40 años, multa de 72 mil 618 pesos, el pago de la reparación del daño en favor de la víctima, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.


El 5 de septiembre pasado, la sentenciada y la víctima interpusieron recursos de apelación en contra de la sentencia de condena, los cuales serán resueltos por el Tribunal de Alzada quien podrá confirmar, modificar o revocar dicha determinación.

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