Mercedes Colín propone atención pública con perspectiva de vejez

• La diputada Mercedes Colín (PRI) propuso que las autoridades estatales y municipales adopten una perspectiva de persona adulta mayor en sus trámites, servicios, actuaciones y decisiones.

• La proponente expuso que se trata de identificar si la edad y las circunstancias que la acompañan generan obstáculos, desventajas o impactos diferenciados para el ejercicio de un derecho y, de ser así, adoptar las medidas necesarias para corregir esa desigualdad.

La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) propuso que las autoridades estatales y municipales adopten una perspectiva de persona adulta mayor en sus trámites, servicios, actuaciones y decisiones, al señalar que, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población (COESPO), con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el Estado de México habitan un millón 919 mil 454 personas de 60 años y más.

Al explicar en sesión deliberante que, para 2030, alrededor de 15 de cada 100 mexiquenses tendrán 60 años o más y que, hacia 2050, la población adulta mayor podría alcanzar los 4.8 millones de personas, la legisladora señaló la necesidad de actualizar las normas, procedimientos administrativos, servicios públicos y decisiones gubernamentales para responder a esta transformación demográfica.

En este sentido, definió la perspectiva de persona adulta mayor como el conjunto de reglas y principios que permiten reconocer que la edad avanzada puede generar condiciones de vulnerabilidad o desigualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo que su aplicación deberá garantizar el respeto a la dignidad, autonomía y capacidad jurídica de este sector.

Añadió que no se trata de otorgar automáticamente ventajas, preferencias o excepciones por el solo hecho de haber alcanzado determinada edad, sino de identificar si la edad y las circunstancias que la acompañan generan obstáculos, desventajas o impactos diferenciados para el ejercicio de un derecho y, de ser así, adoptar las medidas necesarias para corregir esa desigualdad.

De este modo, añadió, su alcance podrá verse reflejado en cuestiones tan cotidianas como facilitar un trámite administrativo, permitir el acceso a una plataforma digital o contar con mecanismos adecuados de atención en una oficina pública.

Tras señalar que durante décadas la vejez se ha abordado desde un enfoque asistencialista, afirmó que las desigualdades que enfrenta este sector no solo derivan de los cambios físicos naturales, sino también de barreras estructurales, institucionales, urbanas y tecnológicas. En este contexto, agregó que el 41 por ciento de las personas adultas mayores percibe discriminación en oficinas y servicios gubernamentales.

El documento establece que el Ejecutivo estatal y las presidencias municipales serán responsables de diseñar, establecer y evaluar, con observancia de este principio y en sus respectivos ámbitos de competencia, las políticas, programas y acciones en beneficio de las personas adultas mayores, las cuales deberán incorporarse a los planes de desarrollo correspondientes.